pic Elegidos conjueces de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional informa a la ciudadanía que en la sesión de Sala Plena, el día 21 de febrero de 2018 fueron seleccionados los Conjueces de la Corporación para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y 28 de febrero de 2019.
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pic T-721/17 Gobierno debe actualizar reglamentación de Derecho a Morir Dignamente

La Corte Constitucional al revisar un fallo de tutela, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, actualizar, en un término de cuatro meses, la Resolución 1216 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamenta el Derecho a Morir Dignamente.
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pic T-713/17 - Derecho a la consulta previa de la comunidad indígena Yukpa.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, le ordenó al Gobierno nacional, hacer una evaluación de la ubicación y el funcionamiento del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Paz, Cesar, que le permita tomar decisiones acerca de su modificación, supresión o prórroga, teniendo en cuenta las reclamaciones formuladas por los representantes de la comunidad indígena Yukpa, en relación con los posibles impactos negativos sobre sus derechos territoriales, de autogobierno y autodeterminación.

Además, precisó que en el evento de comprobar que el ETCR se encuentra ubicado en territorio ancestral Yukpa, se deberá realizar la consulta previa de dicha comunidad indígena respetando los estándares constitucionales e internacionales. Lo anterior, al concluir que se desconoce el derecho fundamental a la consulta previa de un pueblo indígena con ocasión de la transformación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en el marco de la implementación del Acuerdo Final, cuando se verifica que este espacio tiene incidencia en territorios ancestrales de una comunidad indígena que ha sido declarada como una etnia amenazada en su pervivencia física y cultural, y, pese a ello, no se adelanta la consulta previa de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales.
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pic T-306/17 Imponer castigos a menores que implican violencia física, son un medio prohibido por el orden constitucional vigente

Así lo concluyó la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, al conceder el amparo de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y no discriminación, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad y al debido proceso escolar de los niños, niñas y adolescentes indígenas, que asisten al Centro Educativo Internado Eustasio, en la sede ubicada en la vereda El Porvenir, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Los menores denunciaron que había sido víctimas de maltrato por parte de algunos docentes. El plantel presta servicio de hospedaje, alimentación y acompañamiento académico a 30 estudiantes (19 niñas y 11 niños) de los 94 matriculados, el 43% de los estudiantes es de comunidades indígenas.
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pic Nuevos dignatarios en la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió por unanimidad como Presidente de esta Corporación al Magistrado Alejandro Linares Cantillo y como vicepresidenta a la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.

El nuevo presidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo es Abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y estudios de postgrado en finanzas y tributación internacional, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años en la academia, en las Universidades de los Andes y del Rosario en Bogotá, y en la Universidad del Norte en Barranquilla.

Fue Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol, Viceministro de Agricultura, Jefe de Inversiones Extranjeras del Departamento Nacional de Planeación y la Jefatura de la División Jurídica de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, la vice presidenta Gloria Stella Ortiz Delgado, es Abogada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, Magister en Derecho Público de la Universidad Externado.

Sus más de veinte años de carrera profesional los ha desarrollado en la Rama Judicial donde inició como auxiliar judicial, abogada sustanciadora y de tutela, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional; magistrada auxiliar del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y asesora del despacho de Fiscal General de la Nación.

Ha ejercido la docencia en las universidades Sergio Arboleda, Rosario, Autónoma y Sabana.

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pic T-695/17 Libertad de opinión no puede ser utilizada para difamar

El lugar privilegiado que ocupa la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional colombiano, que le confiere incluso una presunción a su favor, no habilita para que este derecho pueda ejercerse de manera irrestricta, negligente e irrespetuosa de los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la honra de los demás. Así lo concluyó la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional al fallar una tutela en la que ordenó rectificar una información inexacta que hizo un concejal de Medellín, en contra de una abogada.
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pic T-322/17 Derecho a morir dignamente debe ser constatado estrictamente por jueces y entidades

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas advirtió que una petición de protección del derecho a morir dignamente, debe ser considerada por el juez de tutela después de cumplir con el deber estricto de constatación de los hechos y el contexto del caso. Lo anterior con el fin de verificar la seriedad de la petición. En el presente caso por ejemplo, se requería determinar por qué un ser humano que en términos generales está físicamente sano, pedía de manera casi desesperada, que se le pusiera fin a su vida. Sin embargo, una inspección judicial de la Corte, (cumpliendo el deber estricto de constatación), determinó que el señor vivía en condiciones dignas y no reunía los requisitos para acceder a la pretensión de morir dignamente y además, ya no quería mantener dicha petición.
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