pic Autos levantamiento de suspensión términos

Expediente: D-12052 Providencia: A. 233/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 1º (parcial) de la ley 1819 de 2016. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, una vez quede ejecutoriada dicha decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12128 Providencia: A. 234/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia para que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir de la etapa en que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12017 Providencia: A. 258/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificado con el número de expediente D-12017 y correspondiente a la demanda formulada contra la Resolución 1733 de 2016. Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12122 Providencia: A. 259/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificada con el número de expediente D-12122 y correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 301 (parcial) de la Ley 1564 de 2012. Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12250 Providencia: A. 260/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificada con el número de expediente D-12250 y correspondiente a la demanda formulada contra los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013. Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12278 Providencia: A. 261/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificada con el número de expediente D-12278 y correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. . Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12036 Providencia: A. 279/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificado con el número de expediente D-12036 y correspondiente a la demanda formulada contra los artículos 38 numeral 4º parágrafo 1º de la Ley 734 de 2002 y 60 (parcial) de la Ley 610 de 2000. Se dispone también, que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12046 Providencia: A. 280/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificado con el número de expediente D-12046 y correspondiente a la demanda formulada contra los artículos 5 y 6 (parciales) de la Ley 1427 de 2010, por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena) y se dictan otras disposiciones. Se dispone también, que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12249 Providencia: A. 287/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12249, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 12 (parcial) de la Ley 1797 de 2016, por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12345 Providencia: A. 288/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12345, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 135 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12019 Providencia: A. 314/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12019 , correspondiente a la demanda formulada en contra de los artículos 6º y 7º de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. Consecuentemente se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12105 Providencia: A. 315/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12105 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º numeral 5º de la Ley 403 de 1997 y 1º de la Ley 815 de 2003. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12121 Providencia: A. 316/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12121 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12519 Providencia: A. 318/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12519 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 (parcial) de la Ley 1843 de 2017. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12172 Providencia: A. 319/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12172 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 349, 350 y 351 (parciales) de la Ley 1819 de 2016. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12147 Providencia: A. 317/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el proceso de la referencia y se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12134 Providencia: A. 337/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12134 correspondiente a la demanda formulada contra el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12030 Providencia: A. 338/18
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3 del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” Se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, relativo a la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el parágrafo 3 del Art. 100 de la Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. En consecuencia, ejecutoriada esta decisión se contabilizarán nuevamente los términos procesales, a partir del momento en se encontraban al momento de la suspensión. Se ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que notifique el presente proveído en el estado de esta dependencia, que lo ponga en conocimiento de la ciudadanía en la página web. Igualmente, comunicar el contenido de esta decisión al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Procurador General de la Nación.

Expediente: D-12050 Providencia: A. 339/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12050 relativo a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2354 (parcial) del Código Civil. En consecuencia se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12118 Providencia: A. 350/18
Con el presente auto se LEVANTAN los términos de suspensión del proceso de la referencia y se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos, a partir de la etapa procesal en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12382 Providencia: A. 366/18
Con el presente auto se LEVANTAN la suspensión de términos en el proceso de la referencia y se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir de la etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: LA46 Providencia: A. 368/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el expediente de la referencia, correspondiente a la revisión de constitucionalidad de la Ley 1841 de 2017, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la instancia en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12201 Providencia: A. 281/18
Con el presente auto se levantan los términos de suspensión del proceso identificado con el número de expediente D-12201, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 163 (parcial) de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. Se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos a partir de la instancia procesal en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12207 Providencia: A. 282/18
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 175 y 185 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.” Se levanta la suspensión de términos decretada en virtud de lo dispuesto en el Auto 305 de 2017, con sujeción a lo dispuesto por la Sala Plena en sesión del 9 de mayo de 2018, con el fin de dar continuidad a la demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 175 y 185 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. Se ordena a la Secretaria General, dar cumplimiento a los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 de la parte resolutiva del Auto de 17 de julio de 2017. Finalmente, se reconoce a la señora Karola Enríquez Arias como parte demandante en el proceso de la referencia.

Expediente: D-12208 Providencia: A. 283/18
Con el presente auto se LEVANTAN los términos de suspensión del proceso de la referencia y se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos, a partir de la etapa procesal en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12383 Providencia: A. 284/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia y se dispone que una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12005 Providencia: A. 313/18
Con el presente auto se LEVANTAN los términos de suspensión en el proceso de la referencia, correspondiente a la demanda del artículo 13 del Decreto 28 de 2008, por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. Se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos, a partir de la instancia procesal en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12326 Providencia: A. 364/18
Con el presente auto se LEVANTAN la suspensión de términos en el proceso de la referencia y se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir de la etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12173 Providencia: A. 390/18
Con el presente auto se LEVANTAN los términos de suspensión en el proceso de la referencia, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 100 (parcial) de la Ley 1819 de 2016. Se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos, a partir de la instancia procesal en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12248 Providencia: A. 401/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el expediente de la referencia, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad formulada contra los artículos 233 y 270 del Código Penal. De manera consecuente se dispone que, ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la instancia procesal en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12080 Providencia: A. 409/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el expediente de la referencia, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículos 8 de la Ley 1812 de 2016. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la instancia procesal en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12248 Providencia: A. 410/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el expediente de la referencia, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad formulada contra los artículos 233 y 270 del Código Penal. De manera consecuente se dispone que, ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la instancia procesal en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12481 Providencia: A. 422/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el proceso de la referencia, correspondiente a la demanda formulada contra el numeral 6 del literal a del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12537 Y OTRO ACUMULADOS Providencia: A. 423/18
Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el proceso de la referencia, correspondiente a las demandas formuladas contra el artículo 364 de la Ley 1819 de 2016. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

pic En el contexto político no se desconocen los derechos a la honra y buen nombre cuando se expresan informaciones y opiniones sobre asuntos de interés público que tengan vocación de veracidad

T-244 de 2018

Para la Sala Octava de Revisión de tutela de la Corte Constitucional, el concejal accionado “cumplió la mínima carga de constatación de la información que le daba sustento a lo expresado”.
Los hechos objeto de estudio por la Corte Constitucional tuvieron lugar el 4 de octubre de 2017, durante el debate del proyecto “por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital”. En esa sesión, el concejal accionado hizo la siguiente afirmación: “Pero el alcalde Peñalosa insiste en eso y recordemos es un alcalde que en los últimos diez años trabajó para una organización que se llama el ITDP, donde ganó alrededor de 430.000 dólares por promover y vender los sistemas tipo transmilenio por todo el mundo”.
Esa información fue reproducida en la cuenta de Twitter del citado concejal así: “Transmilenio por la 7 es una aberración urbana que promueve un alcalde al que le pagaron 500.000 dólares por vender buses por todo el mundo”
El alcalde accionante expuso que esa información es falsa, dado que “la Institución para el Desarrollo y las Políticas de Transporte (ITDP por sus siglas en inglés) no se dedica a “vender buses” ni a “vender los sistemas de tipo Transmilenio”, sino que su misión es asistir a las ciudades en el diseño e implementación de sistemas de transporte de alta calidad, y dentro de las alternativas que pueden combinarse para mejorar la movilidad de las ciudades se encuentran los sistemas de Buses de Tránsito Rápido como el sistema Transmilenio implementado en Bogotá”.
El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre; sin embargo, su pretensión fue negada por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, en primera instancia y por el Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al resolver la impugnación.
Para resolver el asunto, la Corte Constitucional, efectuó unas precisiones conceptuales en relación con el pensamiento, la opinión y la información; se reiteraron las diferencias entre las opiniones y los contenidos informativos, de las cuales se destaca la flexibilización de los juicios sobre las primeras frente a la mayor rigurosidad respecto de los segundos; y se ratificó que, en todo caso, estas libertades no son absolutas.
Establecidas las notas distintivas de las libertades de expresión del pensamiento y la opinión y de información, así como su ejercicio cuando se trata de asuntos de interés público; revisadas las pruebas que obraban en el expediente, y las que se ordenaron durante el trámite de revisión, se determinó que las declaraciones del Concejal estaban amparadas por el discurso político, dialéctica que goza de un especial nivel de protección por su importancia para la democracia, la participación y el pluralismo. Agregó la Sala Octava que tal discurso “debe respetar parámetros de veracidad, es decir, debe encontrar fundamento en un mínimo fáctico real, el cual se acreditó en este caso con los documentos que demuestran que el Alcalde Mayor de Bogotá prestó sus servicios profesionales a una empresa dedicada a la promoción de sistemas de movilidad, entre los cuales se cuentan los que funcionan a partir de buses rápidos”.
Por último, en cuanto a la opinión expuesta por el Concejal para calificar el objetivo del proyecto de acuerdo por medio del cual se ampliaría la capacidad de endeudamiento del distrito, la sentencia de la Corte recordó que la libertad de expresión también permite exponer opiniones o ideas de manera autónoma, sin una rigurosa limitación de los criterios de veracidad e imparcialidad; situación que no implica que dichas manifestaciones puedan ser insultantes, vejatorias o humillantes, o que denoten intención de dañar.
Para la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que las expresiones usadas para opinar sobre los hechos comunicados no sugieren que el alcalde “haya incurrido en una conducta punible, luego, no exigían una mayor carga de veracidad; y tienen una base fáctica constatable, en otras palabras, tienen vocación de verdad”.

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pic Universidad violó derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación al despedir a profesora que denunció abusos sexuales y laborales contra personal del plantel

T-239 de 2018
Mónica Godoy Ferro, profesora de la Universidad de Ibagué, se había convertido en defensora de los derechos de mujeres ante el mismo plantel por supuestos abusos sexuales y laborales cometidos por personal de la Institución.

El 9 de marzo de 2017 una integrante del cuerpo de vigilancia de la Universidad, buscó su ayuda al afirmar que ella y otras de sus compañeras de trabajo habían sido víctimas de episodios de acoso laboral y sexual presuntamente causados por sus jefes directos y algunos de sus compañeros. La profesora Mónica Godoy informó a las directivas del plantel y por petición de la rectoría lideró varias reuniones de sensibilización sobre en las que le comentaron casos de acoso sexual y laboral, poniendo en conocimiento de esas denuncias a las directivas de la Institución educativa.

La profesora Godoy agregó en la tutela que, antes de que culminaran los referidos talleres de sensibilización, programados en el marco de la estrategia de prevención contra el acoso laboral y sexual, la Universidad de Ibagué despidió a algunos miembros del cuerpo de seguridad presuntamente vinculados a los casos de acoso laboral y sexual, así como a presuntas víctimas. Ella manifestó sus reparos a los funcionarios competentes de la institución educativa, relató la importancia de adelantar un debido proceso que garantizara los derechos de todos los involucrados y expresó que, en los casos de acoso sexual, debía denunciarse ante las autoridades competentes por tratarse de la comisión de un posible delito.

El 9 de agosto de 2017, la accionante remitió, a través de un mensaje de correo electrónico, el documento denominado “Informe sobre violencia de género y acoso laboral en la Universidad de Ibagué” a la decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y a la ex rectora, en el que informó 10 casos de despidos de trabajadores que integraban el cuerpo de seguridad, incluida una de las presuntas víctimas.

El 17 de agosto de 2017, antes de entrar a una reunión con las directivas de la Universidad para tratar el tema, a la profesora Godoy le informaron verbalmente sobre la cancelación de su contrato laboral “y que,(…) la causa de dicha decisión era que “[su] estilo no encajaba con la institución”.

La Sala Sexta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, luego de estudiar el expediente y los elementos de prueba, estableció que “la Universidad de Ibagué desvinculó a la accionante en razón de sus actuaciones y denuncias sobre violencia de género y acoso laboral en contra de trabajadoras de la institución educativa”. Entonces, el ejercicio de la autonomía administrativa de la universidad desbordó los límites del respeto a los derechos fundamentales al despedirla con fundamento en motivos discriminatorios al pretender “suprimir del ámbito educativo un discurso de defensa de los derechos de las mujeres, específicamente del derecho a vivir una vida libre de violencia”.

El fallo, con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, ordena reintegrar a la accionante a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba al momento de su desvinculación, el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenga derecho, e instó a la Universidad de Ibagué para que, si aún no lo ha hecho y en el marco de sus funciones, “implemente un protocolo de actuación para los casos de violencia de género en la institución, así como rutas y procedimientos claros y efectivos para el trámite de las posibles denuncias de acoso laboral”.

En el mismo sentido, exhortó al Ministerio de Educación para que establezca lineamientos y estándares para las instituciones de educación superior en relación con los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas.

En la decisión, se compulsan copias para que la Fiscalía General valore el material probatorio y evalúe la pertinencia de iniciar investigaciones.

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pic Corte Constitucional exhorta a UNP a resolver solicitudes de protección de defensores de Derechos Humanos de manera proactiva y sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la vida de los solicitantes

T-205A/18
La Sala Quinta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección por la tardanza en dar respuesta a la solicitud de vinculación al programa de protección de un Defensor de Derechos Humanos y víctima de desplazamiento forzado, que hace presencia en una antigua Zona Veredal Transitoria de Normalización.
El accionante presentó la solicitud para vincularse voluntariamente al Programa de Prevención y Protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) el 17 de marzo de 2017. El 21 del mismo mes, la UNP lo notificó del inicio del estudio de riesgo, pero ante la demora en la respuesta, el 23 de abril de ese año, el accionante solicitó información sobre el proceso. El 21 de junio de 2017, el Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Valledupar admitió la tutela y corrió traslado a la UNP para ejercer su defensa; solamente hasta el día 4 de julio de 2017, es decir, sólo hasta después de haberse notificado el traslado de la tutela para su defensa, la UNP realizó la entrevista al accionante en la cual firmó el consentimiento para aceptar el estudio de nivel de riesgo. Finalmente, el 18 de septiembre de 2017, la UNP expidió la resolución 5440 de 2017, mediante la cual decidió adoptar recomendaciones emitidas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM-.
La Corte aseguró en la Sentencia que: “Lo expuesto demuestra una tardanza de casi cuatro meses entre el momento en que el accionante elevó su solicitud y el momento en que la UNP realizó la entrevista en la cual firmó el consentimiento para el estudio del nivel de riesgo; consentimiento que, según informó la UNP, implicaría el inicio del plazo de 30 días hábiles destinados tan solo para la etapa de evaluación de riesgo y recomendación de medidas por parte del Grupo de Valoración Preliminar GVP. De modo que, la UNP tardó seis meses para dar respuesta definitiva a la solicitud del demandante”.
En la parte resolutiva, la Sala Quinta de tutela decidió: “EXHORTAR a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que, en los trámites de respuesta a la solicitud de medidas de protección para defensores y defensoras de Derechos Humanos, actúe de manera proactiva, sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la vida, la integridad física, la libertad, y la seguridad personal de las y los solicitantes”.
La Corte Constitucional tuvo en cuenta el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se plasman las preocupaciones por el “aumento de asesinatos de defensores de Derechos Humanos”. La Corte hizo una consideración sobre las acciones que se deben desarrollar para enfrentar esos crímenes.
Con todo, tal y como lo advirtió la OACNUDH en su informe, la respuesta del Estado colombiano para prevenir los ataques en contra de defensores de derechos humanos debe ir más allá de la protección brindada por la UNP y debe constituirse de manera integral la prevención de dichos actos delictivos.
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pic Corte Constitucional hace un llamado a la solidaridad entre las mujeres

T-243 de 2018
La reflexión la hizo al estudiar una tutela presentada por una empleada del servicio doméstico, a quien su ex empleadora la señaló por redes sociales de “haberse robado una blusa”. A la trabajadora le llegaron “mensajes con contenido agresivo, descalificador, e incluso amenazante”, de personas allegadas a su antigua empleadora. En la misma Sentencia la Corte Constitucional recordó que según el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, la creación de listas negativas por parte de los empleadores, entendidas como la difusión de información de sus ex trabajadores que impliquen limitaciones posteriores de su acceso al mercado laboral, están prohibidas. Esto, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, y a la honra.
Al estudiar el caso concreto, la Sala Segunda de Revisión de tutelas determinó que existía una carencia actual de objeto, ya que la publicación que agredía los derechos fundamentales de la trabajadora fue retirada de las redes sociales digitales. No obstante, la Corte Constitucional aprovechó la discusión jurídica para realizar algunas consideraciones sobre la estigmatización que históricamente han padecido quienes realizan trabajos domésticos.
El fallo, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, incorporó cifras de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que pone en evidencia que “a nivel mundial el 83% de las trabajadoras domésticas son mujeres, y en América Latina esa cifra asciende al 95%. De hecho, históricamente las labores del hogar han sido asignadas a las mujeres y realizadas, en muchas ocasiones, sin ninguna remuneración razón por la que se ha convertido en un trabajo que no es valorado socialmente”.
La Corte Constitucional asegura que pese a la importante labor que desempeñan día a día las trabajadoras domésticas, que incide directamente en la calidad de vida de sus empleadores, éste grupo poblacional ha sido “tradicionalmente estigmatizado, desde una lógica de clases sociales, y asociado a conceptos que sin duda alguna atentan contra la dignidad humana de las mujeres, así como la imagen que tienen de sí mismas”.
Después de describir la problemática de esa población de trabajadoras la Corte Constitucional hace “un llamado a la solidaridad entre mujeres, a la expansión de relaciones de ayuda entre todas las personas, máxime si pertenecen al mismo género, e invita a la difusión de mensajes de unión y de compromiso por la lucha contra discursos opresores de los derechos fundamentales”.
Finalmente, para evitar una posible revictimización, la Corte Constitucional ordenó al Juzgado de instancia que indague a ex trabajadora sobre si conserva interés en la rectificación en condiciones de igualdad, de la publicación hecha en la red social digital Facebook. Si la accionante manifiesta su consentimiento, la ex empleadora deberá rectificar su publicación, en la misma cuenta utilizada para difundir el mensaje inicial.

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pic Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores el pago de una indemnización de perjuicios a un ex trabajador de la Embajada de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que fue despedido sin justa causa y que dicha Embajada no quiso reintegrar

A-395 de 2018
El señor Darwin Ayrton Moreno Hurtado presentó acción de tutela contra la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la República de Colombia. Manifestó que sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, a la honra, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad de personas afrodescendientes y a las libertades de culto y de conciencia fueron vulnerados por la accionada.

Mediante Sentencia T-462 de 2015, la entonces Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional decidió amparar los derechos fundamentales del accionante. Así, en su parte resolutiva, ordenó al representante legal de la Embajada del Reino Unido e Irlanda el Norte que procediera a reintegrar al señor Darwin Ayrton Moreno Hurtado a un cargo igual o de similares condiciones al que venía desempeñando.

A su vez, en el numeral 6º de la parte resolutiva de la sentencia referida, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que iniciara una serie de acercamientos y gestiones diplomáticas en caso de que la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte se negara a efectuar el reintegro. Asimismo, la Corte previó en el numeral 7º de la parte resolutiva que, en caso de que no se llegara a un acuerdo que garantizara la protección efectiva de los derechos fundamentales del accionante, el Ministerio de Relaciones Exteriores debía iniciar todas las gestiones necesarias para su reclamación ante las instancias administrativas competentes y ante los jueces del Reino Unido.

Por otra parte, la misma Corporación en la Sentencia T-462 de 2015 decidió mantener la competencia para conocer del cumplimiento de las órdenes, debido a las particularidades del tema estudiado y a las dificultades que el cumplimiento de la sentencia podría conllevar. Ello, con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales del accionante.

Durante el trámite de cumplimiento del fallo de tutela, se constató que el Ministerio de Relaciones Exteriores acudió a la firmas Lawyers and International Consultants LTD y Buckles Solicitors LLP para indagar sobre la viabilidad de iniciar algún tipo de procedimiento judicial que permitiera dar cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación en la Sentencia T-462 de 2015. En particular, las firmas indicaron que el señor Darwin Moreno tendría como alternativa, solicitar a la Alta Corte de Inglaterra y Gales una revisión judicial de la decisión del Ministerio de Relaciones Británico de no reintegrarlo en su cargo en la Embajada Británica en Bogotá. No obstante, la firma Buckles Solicitors LLP solicitó un concepto sobre el caso a dos abogados BARRISTERS, quienes son los facultados para presentar el recurso ante la Alta Corte de Inglaterra y Gales. Al respecto, aquellos conceptuaron que el caso sería inviable jurídicamente, puesto que la acción judicial presentada sería inadmitida por la Corte de ese país.

Lo anterior llevó a esta Corporación a concluir que resultaba imposible para el Ministerio de Relaciones Exteriores lograr el reintegro del accionante y acompañarlo en la presentación de una acción judicial ante los jueces del Reino Unido. En consecuencia, la acción a seguir correspondía al pago de la indemnización de perjuicios causados al señor Moreno Hurtado, en razón del daño especial que le fue ocasionado por el Estado, ante la imposibilidad de perseguir el resarcimiento de perjuicios causados por agentes o cuerpos diplomáticos que hacen presencia en el territorio colombiano.

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pic Colegios están facultados para sancionar a estudiantes que afecten el derecho a la intimidad en el uso de redes sociales.

T-240 de 2018
Para el Tribunal, no se viola el derecho a la educación cuando un colegio sanciona con expulsión, previa intervención y análisis del Comité de Convivencia Escolar, a un estudiante por la utilización indebida de redes sociales. Además, la Corte estableció en la sentencia que los procesos disciplinarios deben adelantarse en idioma oficial de Colombia.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional precisó que “el escenario de las redes sociales expone a quienes lo usan a situaciones que en un principio pudieron no ser presupuestadas y que pueden llegar a implicar afectaciones a la dignidad de las personas cuando superan el ámbito de lo privado”.
En el caso en particular, las fotos íntimas de una menor de edad fueron difundidas por un estudiante. El Comité de Convivencia escuchó al adolescente y posteriormente fue sancionado con expulsión definitiva del plantel.
La Corte advierte que más allá del caso concreto, los colegios, dentro del ámbito de su autonomía, están facultados para aplicar el manual de convivencia cuando los estudiantes afecten la dignidad de otro estudiante por medios digitales, garantizando, en todo caso, el derecho al debido proceso. “Una fotografía intima compartida en un chat, por ejemplo, puede llegar a tener impactos inesperadamente sobredimensionados, mucho más allá de lo que pudieron inicialmente querer o pretender los involucrados”.
La comunicación entre los profesores y padres de los menores es la clave para prevenir la afectación a la dignidad de un menor. “Es importante un trabajo colaborativo entre las instituciones y los padres de familia para alertar a los estudiantes acerca de los posibles riesgos que implica el uso inadecuado de las tecnologías de la comunicación y la información”.
La Sala Quinta de Revisión de tutela de la Corte Constitucional considero que en el caso en particular al menor se le garantizó el debido proceso y el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad porque “el ejercicio de la libertad encuentra unos límites infranqueables en el respeto de los derechos ajenos”, puntualizó la sentencia.
Por último, la Corte invitó al Comité escolar de Convivencia del Colegio relacionado con el caso particular a realizar una jornada de reflexión con perspectiva de género, en donde se aborden temas referentes al deber de respeto a la intimidad de las personas, el manejo de las redes sociales y los derechos y deberes de los estudiantes.

Igualmente precisó la Corte que el derecho al debido proceso incluye que el mismo se adelante en el idioma oficial de Colombia, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución. No obstante, los colegios autorizados para impartir la enseñanza en otros idiomas, pueden excepcionalmente adelantar el proceso disciplinario en el idioma autorizado, en aquellos casos en que las personas encargadas del mismo no hablen el idioma oficial y siempre que la institución garantice la traducción simultánea del proceso, con el objeto de garantizar el componente pedagógico del régimen disciplinario y, por lo mismo, la participación de los padres de familia.

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pic El suministro de agua potable es un deber que le corresponde garantizar a los municipios.

T-223 de 2018
La Corte Constitucional resolvió un caso que puede parecer particular pero que implica la garantía del derecho al agua potable que tienen todos los colombianos que residen en zonas rurales de difícil acceso a sistemas de acueducto.
Centró su estudio en una tutela presentada por una residente del municipio de Tena, departamento de Cundinamarca, a quien le suspendieron el servicio de agua ya que su vivienda, ubicada en una vereda de ese municipio, estaba conectada de manera irregular a un tubo de la empresa Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
La empresa, argumentando que no prestaba el servicio a ese municipio sino a los de La Mesa y Anapoima, Cundinamarca, suspendió el flujo del líquido hasta la vivienda de la accionante, privándola del acceso al agua.
En esta decisión, la Corte establece que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo en los casos en los que se busca la protección el derecho fundamental al agua potable, cuando la suspensión del servicio de acueducto pone en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna a sujetos de especial protección constitucional, pues resulta desproporcionada la exigencia de acudir a la vía contencioso administrativa o a otras vías judiciales, como la acción popular, para procurar la protección urgente y eficaz de los derechos afectados.
Al analizar de fondo el caso, esta Corporación concluyó que de una lectura sistemática de la Constitución, la ley y la jurisprudencia, al municipio le corresponde garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos (entre ellos el de suministro de agua potable), bien sea que lo haga directamente o a través de particulares o comunidades organizadas.
En este orden de ideas, afirmó que los municipios deben buscar alternativas para el acceso al agua, especialmente a viviendas que se encuentran alejadas de las redes de acueducto. Por ello, los municipios deben fijar “unos parámetros mínimos de acceso al agua cuando el municipio o distrito encuentre que existan razones técnicas, operativas o socioeconómicas que impidan la prestación mediante sistemas de acueducto en dichas zonas, deberán asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico mediante la formulación de los denominados proyectos de soluciones alternativas”.
Así mismo, la sentencia destacó que aun cuando no existan redes de acueducto, también existe la posibilidad de prestar el servicio a través de los acueductos comunitarios para abastecer de líquido a la población. La Sala destaca que los acueductos comunitarios son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad.
Al analizar el caso concreto de la accionante, la Corte resolvió que era necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo para brindar una solución integral al problema de acceso al agua potable. Así, ordenó a la alcaldía garantizar el suministro continuo de agua potable por el medio que considerara más idóneo, siempre que satisficiera el consumo diario del núcleo familiar que les permita vivir digna y sanamente. Paralelamente, también ordenó al municipio formular y ejecutar un proyecto de soluciones alternativas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1898 de 2016, en el término de un 1 año, dirigido a brindar una solución definitiva al problema de escasez y calidad del agua del núcleo familiar.

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pic Ministerio de Trabajo debe crear circular anti - discriminación racial en entorno laboral

T-572 de 2017
La Corte Constitucional determinó que deben existir parámetros para establecer si en una relación laboral existe discriminación racial.

El Tribunal le dio 3 meses al Ministerio de Trabajo para crear un documento en el que se fijen esos contextos en los que puede tener lugar el desconocimiento del principio de no discriminación racial.

El ciudadano se quejó ante la empresa, por lo que consideraba un constante maltrato y discriminación por parte de sus compañeros de trabajo, al referirse a él con expresiones que denigraban de su raza afrodescendiente.

El accionante solicitó que se adelantara una investigación sobre los hechos que narró ante las directivas de la empresa. Sin embargo, el 22 de febrero de 2013, obtuvo una respuesta negando sus pretensiones: “ninguno de los trabajadores hoy vinculados a la compañía se han quejado de algún tipo de discriminación, los demás, ningún trato discriminatorio ha ejercido la empresa hacia usted”.

El 5 de abril de 2013, el accionante fue informado por la Jefe de Gestión Humana de la empresa que su contrato se daba por terminado “unilateralmente y sin justa causa, alegando una supuesta baja sensible en las ventas en la sucursal de Bogotá”. Para el accionante, el verdadero motivo de su despido fue la queja por discriminación.

Adicionalmente, El 18 de marzo de 2013 el trabajador presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de discriminación racial, con fundamento a la Ley 1482 de 2011. El 15 de mayo de 2013 el accionante formuló queja ante la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y puso en conocimiento su caso al Ministerio de Trabajo. La investigación en el Ministerio duró 3 años y fue archivada.

El ciudadano presentó acción de tutela, pero fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo de Estado. Luego, en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional, el Ministerio de Trabajo argumentó que ellos no eran competentes para “invadir la órbita de la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual le está vedado al funcionario administrativo realizar juicios de valor que califiquen lo derechos de las partes, pues dicha función es netamente jurisdiccional”.

El fallo plantea que el Ministerio de Trabajo inobservó la normativa que protege el derecho de los trabajadores a no ser discriminados y dio unas órdenes para que este caso no se vuelva a repetir: “Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo creará una comisión integrada, entre otras personas, por profesionales procedentes de distintas disciplinas, y con conocimiento de la situación de las minorías étnicas en el país, para que en el término de tres (3) meses produzcan y entreguen un documento que plantee las formas y contextos en los que se puede tener lugar el desconocimiento del principio de no discriminación racial, las implicaciones de dicha vulneración y las posibles formas de eliminarlas”.

Además, el Ministerio de Trabajo deberá expedir una circular interna dirigida a los funcionarios de la entidad, en la que se establezcan las directrices, recomendaciones y eventualmente mecanismos específicos para la atención, trámite y tratamiento de quejas sobre discriminación racial en el ámbito de trabajo.

En el caso particular, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Trabajo verificar si la empresa cumple lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006, referente a las medidas sancionatorias que tienen lugar en casos de discriminación racial.

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